LA OTRA GUERRA QUE DESANGRA AL PAÍS

Mientras en la Habana se negocia el fin del conflicto armado con las FARC, y se adelantan conversaciones con el ELN, hay una guerra que no se ha pretendido solucionar, es aquella que le cobra la vida a miles de colombianos como resultado de la intolerancia y la pobreza. Con la muerte del joven de 16 años asesinado por vecinos de un barrio de Bogotá al sorprenderlo robando, se juntan las dos rutas de vida que usualmente los muchachos de las barriadas toman, o la cárcel o el cementerio. Entre la exclusión social causada por la incapacidad del país de generar fuentes de empleo y desarrollo que mejoren la calidad de vida de las personas, los muchachos se ven expuestos a todo tipo de problemas sociales, que incluye el hambre física, y la pobreza mental de vivir entre casas de ladillo pelado y teja de zinc.

Nos acostumbramos ver las montañas de Colombia repletas de pequeñas casas que se convierten en diminutos puntos amarillos por las noches, es allí donde se libra la guerra cotidiana, de cientos de miles de colombianos que luchan por sobrevivir, que recorren la ciudad para llegar a sus trabajos, que dejan a sus hijos en la casa porque no tienen con quién dejarlos. Son esos colombianos que ignoran por completo la existencia de un Estado que nunca llegó, o que solo se representa con la fuerza de la Policía, que resulta ajena y opresiva. Estas personas son las presas fáciles del político en campaña, del distribuidor de drogas, del proxeneta, y por qué no, las presas fáciles de empleadores que ofrecen deplorables condiciones laborales que forzosamente deben ser aceptadas por empleados serviles que deben decidir entre comer o dejarse explotar.

En medio de ello tenemos la pretensión como país de vivir en democracia, no es posible ser una sociedad democrática sin ciudadanos, porque nadie  puede pensar como un ser libre y autónomo con la preocupación acuestas de no tener con qué comer en la noche. Mientras tanto, los programas sociales del gobierno se convierten en paliativos inocuos, que no dignifican a las personas, tan solo les dan un calmante a una vida tan llena de agobios e incomodidades, en las que tan solo queda el camino de intentar ser feliz con poco o mucho, tan solo mantener la vida en medio de la inseguridad que asecha sus vidas es un motivo de alegría, ha de ser por eso que Colombia sigue siento el país más feliz del mundo.

LA PROPIEDAD COMUNAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Derecho a ser consultados, al veto y al desarrollo sostenible

AQUÍ DEFENDIENDO LA UNIVERSIDAD PÚBLICA “COMPAÑERO”

La pregunta central es ¿Cuántos egresados de las universidades públicas donan parte de sus ingresos al claustro que los educó?, el Estado colombiano invierte 2.2 billones de pesos destinados a sufragar los gastos de matrícula en las 32 universidades públicas del país, sin embargo no es usual encontrar egresados comprometidos con el progreso y la financiación de las universidades de las que egresaron. En muchos casos existe la creencia de que pasar a la U pública da un derecho sobre humano a exigir del Estado atención y trato preferencial, pero lo cierto es que el país aún no termina de atender el grave problema de analfabetismo y baja calidad en la educación básica, media y secundaria, mientras nuestros egresados una vez obtienen el grado, olvidan por completo que se educaron gracias al bajo costo de las matrículas en las universidades públicas.

El problema se agrava con un hecho cierto e innegable, los jóvenes pobres reciben una educación miserable que difícilmente les da los elementos necesarios para acceder a las carreras con mejores salarios, y en muchos caso, quedan completamente excluidos de la educación superior, o se vuelven presa fácil de trampas como la “Fundación Universitaria San Martín”, que tituló impunemente hasta que se hizo evidente la estafa. Aun en éste escenario pareciera que los egresados de las universidades públicas seguimos sin entender que tenemos un deber de reciprocidad con las universidades que nos dieron los instrumentos que nos han permitido un mejor vivir, rápidamente ignoramos a los jóvenes que se ven excluidos de la educación y se enfrentan a una vida de necesidades que replicarán seguramente en  sus hijos, haciendo de esta situación la preservación máxima del ciclo de pobreza.

Mientras tanto, el país sigue invirtiendo importantes recursos en la educación superior sin una orientación específica, bajo la premisa de graduar por graduar, sin priorizar en la baja cantidad de ingenieros que gradúan las universidades en comparación del número de abogados que se reciben año a año, después de 60 años de esfuerzo público en la educación superior pública, aún el beneficio para la sociedad está en entredicho.

@aalvaradobe

ENTRE LA MADRE LAURA Y EL CRISTO DE LAS REGALÍAS

En 1951 bajo la presidencia de Laureano Eleuterio Gómez el “Batallón Colombia” partía a Corea bajo una proclama clara, “defender la noción cristiana de la vida en una cruzada anticomunista”. Hoy día, 60 años después el país sigue muy lejos de la pretendida laicidad del Estado, más que nunca vemos magistrados de la Corte Constitucional pidiendo ayuda al cielo para fallar lo que en derecho ha sido adquirido por la comunidad LGBTI, al Procurador General defendiendo la exaltación de la religiosa antioqueña canonizada por el Vaticano, y al Gobernador de Santander invirtiendo 58 mil millones de pesos de regalías en un Cristo de 33 metros de alto. 

Lo que aún no entendemos como sociedad es que debates como la adopción y el matrimonio igualitario o la plena despenalización del aborto fácilmente podrían ser superados si las decisiones se tomaran en derecho, sin involucrar las convicciones personales en los derechos del otro. El problema principal es que no hemos entendido la importancia del laicismo estatal en la toma de decisiones, nuestros funcionarios desconocen que la separación iglesias – Estado es un imperativo que debe estar presente en todo momento, eso incluye a los gobernantes que en sus actos públicos deben mantener la discreción que sus cargos les impone, tal y como lo fijó aquella Corte Constitucional progresista del año 1994.

Sin un laicismo real, el país seguirá en manos de los profesores de la Universidad de la Sabana quienes sienten que tienen un derecho divino de llamar “enfermos” a nuestros amigos y compañeros de la comunidad LGBTI. De igual forma, tendremos gobernantes que inauguran hospitales, parques, escuelas haciéndose acompañar de arzobispos y curas, tal y como si el poder público se compartiera con el poder carismático de los religiosos, sin distingo de culto o creencia, si en Santander gastamos el dinero de las regalías en obras religiosas, ¿cuántos ejemplos como éste se replican en todo el país?, y con un Procurador que está más cercano de la canonización que del verdadero ejercicio de garante de los derechos humanos, no hay en este caso ninguna investigación disciplinaria contra los responsables, solo queda encomendarnos a Dios y pedir por la salvación de la patria.